Pongámonos en situación. Imagine que tiene, por ejemplo, una niña de diez meses matriculada en una escuela infantil municipal.
Una mañana de febrero al leer el periódico se entera de que el año que viene esa escuela, y dos más, cambiarán su modelo lingüístico y ofrecerán un proyecto de inmersión en euskera. Usted no tiene nada en contra del euskera, pero no lo habla y posiblemente forme parte del 96% del barrio que no exigía esa lengua al matricular a sus hijos en el ciclo 0-3. Sin embargo, el Ayuntamiento de Asirón sólo le da dos opciones: o pasa por el aro e inscribe a sus hijos en un proyecto exclusivamente en euskera o se larga a otra escuela.
Y usted, que a duras penas consigue conjugar ese verbo mágico en cualquier familia que es “conciliar”, ve cómo de la noche a la mañana (literalmente) en un despacho del Ayuntamiento han decidido que la educación que eligió para su hijos y el día a día de su familia van a tener que cambiar. Y como usted, 255 familias.
Unas, abandonaron la red pública de educación 0-3, hubo quienes aceptaron cambiar de escuela y algunos acabaron matriculándose en la que ya estaban inscritos, pese a que serían íntegramente atendidos en un idioma que no hablan en casa.
En concreto, más del 80% de las familias matriculadas anteriormente que se preinscribieron en las escuelas donde se impuso el euskera lo hacían en contra de su voluntad, según una encuesta.
En medio, hubo un grupo de padres y madres que decidieron no rendirse y no bajar la cabeza ante una decisión injusta, sectaria e ilegal.
Se cita mucho una frase de Edmund Burke que se ajusta a la perfección: “Para que el mal triunfe, basta con que los hombres de bien no hagan nada”. Ellos decidieron actuar y enfrentarse a la imposición, sabiendo que muy posiblemente la solución llegaría cuando sus hijos ya habrían abandonado el ciclo 0-3.
Primero trataron de hacer ver a Asirón y a sus socios el daño a niños de menos de dos años, algunos con necesidades especiales incluso. Intentaron que el euskera se incorporara progresivamente en esas escuelas, para así no perjudicar a nadie.
Después trataron de dar a conocer su problema, sin importarles perder parte de su intimidad al poner cara a sus demandas, ni recibir los injustos ataques de la maquinaria publicitaria nacionalista, que trató de enfrentarles a otras familias y dibujarles como títeres de la oposición y enemigos del euskera.
Llegaron hasta el Parlamento donde recibieron el desprecio de la hoy consejera de Educación, que defendió exactamente lo contrario de lo que dice ahora.
Por último, no les quedó otra salida que acudir a los tribunales para detener el atropello. Lo hicieron jugándose sus ahorros, mientras que Asirón, tan republicano él, disparaba con pólvora del rey, pagando sus recursos con los impuestos de todos los pamploneses.
Sin embargo, poca escapatoria judicial le queda ya a una decisión que no se aprobó en base a ningún estudio de demanda, sino alimentada por el rencor y las obsesiones de Bildu y gracias a la indispensable colaboración de Geroa Bai, IE y Aranzadi/Podemos.
La reacción del cuatripartito a la última sentencia del TSJN deja a las claras el alma de un gobierno municipal que no sólo no ha reconocido error alguno y ni siquiera el daño causado a decenas de familias. La chulería insensible de Asirón, reduciendo todo este largo camino a una exigua indemnización “si pueden probar el daño”, demuestra su nula empatía y lo poco que le preocupa al alcalde el efecto que sus dogmáticas decisiones tiene en los ciudadanos. En los ciudadanos que él estima que no le votan, claro.
“No puedo aceptar que cada vez que critico al independentismo me llamen facha. No puedo aceptar que consideren que los que no votan como ellos no son ciudadanos”, decía Borrell la semana pasada sobre la situación en Cataluña.
Lo mismo ocurre en Pamplona y Navarra. Solo unos, los suyos, tienen derecho a ser escuchados. Solo a unos les corresponde el título de “ciudadanía”, el resto son viejos, fachas y reaccionarios.
Si eres un vecino de la Chantrea/Txantrea que pide que tu barrio se escriba única y exclusivamente con tx, en lugar de en bilingüe, te hacen caso. Si eres un vecino de Pío XII que pide que el carril bici se implante en la avenida pero de otra manera, ni agua.
Si unos piden un edificio para jóvenes (exclusivamente de los suyos) en Mendillorri, se gastan casi medio millón de euros en construirles un edificio. Si eres una madre que pide que tu hijo de un año pueda terminar el ciclo 0-3 en la escuela infantil donde está matriculado, ahí te apañes.
Menos mal que sólo queda año y medio.